17 de enero de 2012, Felipe Calderón inauguró la Estela de Luz ante miles de personas. Era de noche y durante su discurso dijo que ese monumento nos daba una razón más para sentirnos orgullosos de ser mexicanos.

La columna que debía haber sido el símbolo de los festejos del Bicentenario de la Independencia llevaba más de un año de retraso en su construcción y su costo había pasado de 393 millones de pesos a más de mil 300 millones.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que III Servicios, la empresa subsidiaria de Pemex encargada de la obra, no tenía capacidad, infraestructura ni personal para llevarla a cabo y que aun así Banjército le adjudicó el contrato de forma directa.

Dos años después un tribunal federal giró órdenes de aprehensión contra 12 exfuncionarios acusados de contratar la obra con sobreprecios y sin licitación.

El proceso duró años en los juzgados: nueve de los implicados consiguieron suspender su detención mediante amparos, pagando una fianza de 5 mil pesos cada uno, porque los delitos que se les imputaron no eran considerados graves.

La condena penal que registra el extinto Consejo de la Judicatura —ahora Tribunal de Disciplina Judicial— llegó hasta 2024. Aunque el nombre está testado, entre los sentenciados está el titular del Órgano Interno de Control de III Servicios, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, que según la prensa sería Ernesto Villaseñor García.

Según el fallo, el funcionario estuvo presente como asesor normativo, conoció la posible afectación al patrimonio del fideicomiso y de la paraestatal, y no lo comunicó a sus superiores. La pena: cuatro años y seis meses. Sin inhabilitación.

Una investigación de MILENIO a través de la revisión de sentencias públicas del Consejo de la Judicatura Federal de 2018 a la fecha revela que en ocho años los tribunales federales emitieron 26 condenas contra servidores públicos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. En promedio, tres sentenciados por año.

La media entre la fecha del hecho y la de la sentencia fue de 8.6 años; para el caso más antiguo la tardanza para emitir un fallo fue de 16 años. Los delitos con más registros fueron ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos agravada por calidad de servidor público, peculado y delitos contra la administración de justicia.

Las dependencias que concentran el mayor número de condenados son la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército, el Sistema de Administración Tributaria y la Policía Federal, entre otras.

Los datos del Consejo de la Judicatura revelan que los hechos que dieron origen a estas 26 condenas se cometieron entre 2007 y 2019. En una gran cantidad de estos casos los tribunales tardaron más de una década en cerrar el expediente.

En 2007, Marco Antonio Gómez era agente del Ministerio Público federal en la Agencia Segunda Investigadora de Tejupilco, Estado de México. Según la sentencia, recibió dinero de indiciados para garantizar su libertad provisional bajo caución.

El problema fue que el dinero nunca llegó a donde debía: 764 mil 700 pesos correspondientes a cauciones de distintas averiguaciones previas simplemente desaparecieron. Fue condenado por peculado. La sentencia llegó en 2019, es decir, 12 años después.

Ese mismo año, Francisco Javier Palmas, agente del Ministerio Público federal de la PGR en Jalisco, practicó un cateo en Villa Hidalgo, omitió inventariar la mercancía asegurada y asentó falsamente testigos de asistencia en el acta. En 2019, el tribunal federal lo condenó por delitos contra la administración de justicia. La pena fue de 10 años.

En 2008, elementos de la Agencia Federal de Investigación en Chihuahua participaron en lo que la sentencia describió como un operativo ilegal en una casa de empeño. Según el fallo, entraron al negocio, sometieron a varias personas, saquearon objetos, exigieron dinero y luego simularon pruebas para justificar la actuación.

La sentencia se dictó hasta 2024. La pena fue de 30 años porque se les juzgó por otros delitos, la más alta de toda la base de datos. Tardó 16 años en llegar.

Otro ejemplo

Apenas este martes, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por 10 años a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, que desapareció en 2025, y también lo sancionó a pagar una indemnización de más de 261 millones de pesos.

En su resolución de 178 cuartillas, la sala determinó que Gavira, en coordinación con Oliverio Pérez Santoyo y Miguel Carrillo Villarreal, exgerente de Operaciones y exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, respectivamente, probablemente autorizaron en marzo, abril, julio y agosto de 2019, compras emergentes injustificadas de maíz y frijol.

Los dos coacusados con Gavira también fueron inhabilitados por 10 años. El tribunal precisó que los exservidores públicos incurrieron en la falta administrativa grave de abuso de funciones.

[RECUADRO: Justicia morosa
El proceso más emblemático es el relativo a la Estela de Luz, cuyas irregularidades datan del sexenio de Felipe Calderón y la sentencia se dio hasta 2024.
Funcionarios imputados:
BC: 1
BCS: 2
Jalisco: 2
Michoacán: 2
Guerrero: 2
Edomex: 1
Morelos: 3
CDMX: 5
Chihuahua: 1
NL: 1
Tamaulipas: 2
Puebla: 1
Quintana Roo: 2
Oaxaca: 1]

[RECUADRO: Condenas por dependencia
La institución con más casos es la extinta PGR, con 12, casi la mitad del total; le siguen SAT y PF con tres cada una.
Funcionarios imputados:
PGR: 12
SAT: 3
Policía Federal: 3
Sedena: 2
IMSS: 1
Banjército: 1
PJ: 1
Prisiones: 1
SFP: 1
Profepa: 1
*Junto con Fideicomiso Bicentenario y Banjército (caso Estela de Luz)
**Además de Conapesca-Sagarpa, con auxilio de Secretaría de Marina (contexto de inspección marítima)
FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal • INFORMACIÓN: Laura Sánchez Ley • GRÁFICO: Alfredo San Juan]